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Arrestan en PR siete dominicanos que transportaban cocaína valorada en más de 11 millones de dólares

EFE
San Juan, Puerto Rico

La Guardia Costera estadounidense con base en Puerto Rico anunció este martes la incautación de un cargamento de cocaína con un valor estimado de 11,7 millones de dólares en dos intervenciones que tuvieron lugar en aguas del este y norte de la isla.

La operación se saldó asimismo con la detención de siete presuntos contrabandistas procedentes de República Dominicana, según el comunicado de los guardacostas.

Las aproximadamente 1,289 libras de cocaína (unos 585 kilogramos) fueron descargadas ayer en la Base de la Guardia Costera de San Juan.

La primera embarcación, que transportaba a tres ciudadanos de República Dominicana y ocho fardos de cocaína, fue interceptada al norte de San Juan.

La segunda intervención tuvo lugar en las costas de Aguadilla (noroeste), donde la tripulación de un avión de Aduanas y Protección Fronteriza avistó una embarcación rápida sospechosa.

En ella viajaban cuatro hombres, también dominicanos, juntos a seis fardos que dieron positivo en cocaína.

Los presuntos contrabandistas aprehendidos enfrentan un enjuiciamiento federal en Puerto Rico por cargos penales que conllevan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Este es el tercer anuncio de una importantes cantidad de cocaína incautada en aguas de Puerto Rico en el mes de abril.

El pasado día 12, la Policía de Puerto Rico incautó un alijo valorado en 13,1 millones de dólares en una zona costera del municipio de Humacao, en el este de la isla.

Por su parte, la Guardia Costera estadounidense con base en Puerto Rico anunció el pasado día 5 la incautación de un cargamento de aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína, valorado en 20 millones de dólares, en la costa occidental de la isla.


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Cámara de Cuentas halla irregularidades en el Conani durante gestión de Greybby Cuello, esposa de Torres Robiou

 

Santo Domingo, RD.

A través de una investigación especial, realizada por la Cámara de Cuentas (CC) al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), se puntualizan una serie de irregularidades en los procesos de compras efectuados durante los meses de abril y agosto del año 2020.

Para ese tiempo la presidenta ejecutiva del Conani era Greybby Cuello Coste.

De acuerdo a la Cámara de Cuentas el Conani inició procesos de compra previo a resolución de urgencia “por parte de la máxima autoridad, por montos de RD $44,245,930 y 10,119,217”.

Asimismo, se evidenciaron contrataciones sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y certificación de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), por el monto de RD $91,473,334.

Se observaron procesos celebrados sin póliza de seriedad de la oferta, ascendientes al monto de RD $13,105,227.

“Se verificó que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación por la máxima autoridad”, dice la resolución AUD-X-2022-001, concerniente a la investigación especial.

Establecen además que el Conani adjudicó a proveedores de forma recurrente por el monto de RD $75,070,014.

En esta investigación detallan que observaron procesos de compra con ausencia del acta de declinación y expedientes de compras sin evidencias de contratos por el monto de RD $29,154,405.

Asimismo se comprobaron pólizas de fiel cumplimiento constituidas de forma incorrecta por RD$96,236.

La Cámara de Cuentas evidenció informe pericial que carece de información requerida por la ley, por un monto de RD$ 10,119,217; contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación, ascendentes al monto de RD $1,343,732; expedientes de personal sin los respectivos sopores, personal militar en funciones administrativas y asignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en la entidad, ascendente a la suma de RD $170,00 y RD $450,400.

También identificaron compras realizadas de manera fraccionada por un monto RD $412,757 e incumplimiento de procedimientos de almacén en expedientes adquisiciones y pagos por el monto de RD $43,856,719.

“La entidad adquirió artículos comestibles, sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario, ascendentes al monto de RD $42,877,760”, concluyeron.

Este martes, también se dio a conocer una serie de “inobservancias e irregularidades” en los procesos de compra de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) en el período 2014-2020, que realizó la Cámara de Cuentas.

En él además de las compras irregulares, se evidencian alrededor de seis compañías que forman parte del informe.

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Avanza la pesquisa del ataque a prensa y Defensor Pueblo

 

Santo Domingo, RD

Isabelita de los Santos Pérez, coronela de Digesett.

La investigación del caso de agresión al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una periodista y el fotógrafo del Listín Diario y el camarógrafo de CDN por miembros de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) marcha a buen ritmo en el Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Al menos, esto fue lo que dio a conocer ayer la fiscal Santa Reyes, encargada del Departamento, quien dijo que la investigación empezó el mismo día cuando fue interpuesta la querella.

Reyes informó haber solicitado a la dirección de la Digesett suministrarle la lista de los agentes en servicio el día que el Defensor del Pueblo y su personal se presentaron a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.

Igualmente,  Asuntos Internos ya entrevistó al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien acudió en compañía de Roberto Quiroz y Nilo de la Rosa, el primero encargado de Litigio Estratégico y el segundo Consultor Jurídico del órgano.

También fue entrevistado el fotógrafo de Listín, Raúl Asencio. La fiscal solicitó a Ulloa una lista del personal agredido en el incidente. Ese día fue agredida la periodista de este diario, Lourdes Aponte, y Víctor Olivo, reportero gráfico.


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La Suprema fija juicio de fondo contra diputado

El diputado Gregorio Domínguez Domínguez.

Santo Domingo, RD

 La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, fijó para el 24 de mayo el conocimien­to del juicio de fondo en contra del diputado de la provincia Santiago, Gre­gorio Domínguez Do­mínguez, acusado de desalojo ilegal.

El tribunal presidido por Francisco Antonio Jerez Mena, e integrado por María Garabito Ramírez, Francisco Antonio Orte­ga Polanco y Fran Eucli­des Soto Sánchez, cono­cerá la audiencia a las 9:00 de la mañana de ese día.

El juicio de fondo se co­nocerá luego de que la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta Peralta, dictara auto de apertura a juicio en contra del legislador por presunta violación a la regulación del otorga­miento de la fuerza pú­blica y violación de pro­piedad privada.

La jueza tomó la deci­sión al acoger de forma to­tal el sometimiento hecho en contra del legislador por la Procuraduría General de la República, a través del procurador adjunto Rafael Suárez.

La acusación
En el expediente se acusa Domínguez Domínguez de violar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que re­gula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Vio­lación de Propiedad en per­juicio de Lucila Nelly Cape­llán Luna.

En torno al hecho, la acu­sación señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catali­no Martínez (Jaime) y Em­manuel de Jesús Williams Molina, empleado del im­putado el primero y cho­fer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del acu­sado Gregorio Domínguez Domínguez, a la comuni­dad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, don­de la víctima Capellán Luna construía su vivienda. 

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Otras cinco querellas en el caso Operación 13

La acusación fue depositada por los fiscales de la Pepca y la Dirección de Persecución, que presiden Wilson Camacho y Yeni Berenice.

Luis Maisichell Dicent figura como principal implicado
en el caso Operación 13.

Santo Domingo, RD

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distri­to Nacional, Amaury Mar­tínez, ha sido apoderado de otras cinco querellas en contra en de los 11 impu­tados en el caso de alega­da corrupción develado por la Operación 13.

Las querellas fueron in­terpuestas por las bancas de apuestas Báez, La Es­peranza. Doble Play, Star Servi y King Sport, a través de sus abogados.

Anteriormente, había in­terpuesto una querella en contra de los implicados por la Federación Nacio­nal de Bancas de Loterías (FENABANCA) y los abo­gados del Equipo para la Recuperación del Patri­monio Público, quienes se constituyeron en actor ci­vil.

Esa situación, junto a otras, motivaron a que el juez Amaury Martínez aplazará para el 19 de ma­yo, a las 9:00 de la maña­na, el conocimiento del preliminar a fin de notifi­car las querellas a los en­cartados en el entramado de corrupción.

El tribunal además re­puso el plazo a la defensa de los imputados, quienes alegaron que no les habían notificado algunos de los medios de pruebas y otros las nuevas querellas inter­puestas en su contra.

Igualmente, el tribunal dispuso que al ministerio público y los representan­tes legales de las víctimas y querellantes les sean notifi­cados los escritos de defen­sa de imputados para estar en principio de igualdad de armas.

Cargos
Al grupo se le acusa de frau­de en el sorteo registrado en la Lotería Nacional el 1 de mayo del año pasado, cuyo monto defraudado ascien­de a más de 500 millones de pesos.

En el caso figura como principal implicado el ex di­rector general de esa enti­dad, Luis Maisichell Dicent, recluido en el Centro de Co­rrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La acusación fue deposita­da por los fiscales de la Pro­curaduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecu­ción, del Ministerio Público, que presiden Wilson Cama­cho y Yeni Berenice Reyno­so, respectivamente.

Imputados
En el caso figuran Luis Mai­sichell Dicent, William Li­zandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Va­lentina Rosario Cruz, Jona­than Brea, Carlos Berigüe­te y Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Pe­ralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).

En mayo de 2021, el país fue testigo de un fraude mi­llonario, transmitido los re­sultados del sorteo de la Lotería Nacional, pero a simple vista este engaño pa­só desapercibido y no fue hasta unos días después que empezaron a resaltar deta­lles de lo ocurrido el primer día del referido mes.

 EXPEDIENTE
“Sorteo especial”

En el expediente, al que tuvo acceso Listín Dia­rio, el ministerio públi­co revela cómo a través de una grabación, ex­traída del disco duro de la computadora del acu­sado Carlos Manuel Be­rigüete Pérez, median­te un análisis forense, varios de los imputados planificaban el “sorteo especial”. En las conver­saciones transcritas aflo­ran frases como: “lo im­portante es hacer la pri­mera vez”,

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6,333 denuncias de violencia de género

 Tan pronto una mujer pone una denuncia, el Ministerio Público emite una orden de protección a favor de la víctima.


Sede de la Procuraduría Fiscal del DN donde funciona
 la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia.

Santo Domingo, RD

Entre los meses enero y fe­brero de este año fueron presentadas, en las dife­rentes fiscalías dominica­nas, un total de 6,333 de­nuncias sobre violencia de género e intrafamiliar, 2,644 físicas, 3,612 verba­les y psicológicas y 77 pa­trimoniales.

Las denuncias fueron pre­sentadas en las Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intra­familiar y Delitos Sexuales del Ministerio Público a escala nacional, según un reporte de la Dirección de Análisis y Estadística de la Procuraduría General de la República.

Mientras, en enero de es­te año fueron presentadas 471 denuncias por delitos sexuales, 166 de agresión sexual, 110 de violencia sexual, 36 de acoso sexual, 113 sobre seducción de menores, 38 por incesto y 8 sobre exhibicionismo.

Igualmente, fueron emi­tidas 21 órdenes de pro­tección a favor del mismo número de víctimas que presentaron denuncias por violencia de género e intra­familiar y delitos sexuales.

El procedimiento
Tan pronto una ciudadana pone una denuncia, el Mi­nisterio Público emite una orden de protección a favor de la víctima, a fin de que el agresor no se le acerque, ni visite los lugares que ella frecuenta.

La Ley 24-97 sobre protec­ción de la víctima de violen­cia intrafamiliar establece, en su artículo 309-4, la or­den de protección a favor de la víctima de violencia, la cual no es exclusiva para el bien de la mujer, sino que esta puede ser formulada en provecho de un hombre agredido por su pareja.

La Ley 24-97 sobre violen­cia intrafamiliar y la propia Constitución de la Repúbli­ca le ponen freno al agresor, quien sabe que no se pue­de acercar a esa mujer, ac­ceder a los lugares que ella frecuenta, molestarla o inti­midarla a través de ninguna red social.

Pena mayor
La referida ley sobre vio­lencia intrafamiliar esta­blece en uno de sus artí­culos que aumenta a diez años de reclusión la pena a aquellos que resulten cul­pables de violencia cuando haya violado órdenes de protección.

La declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mu­jer dice que “Todo acto de violencia basado en el gé­nero que tiene como re­sultado posible o real un daño físico, sexual o psico­lógico, incluidas las ame­nazas, la coerción o la pri­vación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

 DETALLES

La definición.
La violencia de género es aquella que se ejer­ce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas).

El objetivo del agresor es producir daño y conse­guir el control sobre la mujer, por lo que se pro­duce de manera conti­nuada en el tiempo y sis­temática en la forma, como parte de una misma estrategia.

El término hace refe­rencia a cualquier acto con el que se busque da­ñar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género.


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Alzas en materias primas tienen en jaque la economía

Santo Domingo, RD.

Los precios de los comodities seguían registrando alzas este lunes luego del largo asueto de Semana Santa, mientras el barril de petróleo se ubicaba sobre los US$107 (WTI) y US$113 (Brent), lo que sigue creando incertidumbre sobre los procesos inflacionarios que registra la economía mundial.

Ayer, el precio a futuro del maíz reflejó un incremento de 2.97%, el trigo 2.20%, la soja 1.68%, la avena 1.22% y el algodón 1.81%, según los registros de Bloomberg.com. 

El desfase entre la oferta y la demanda, el aumento incesante del crudo (WTI) en un 56.6% durante el 2021, el alza en un 470% en el costo de los fletes y los cambios bruscos que registran las cadenas globales de valor, son factores de la realidad que siente la economía mundial en la realidad post-pandémica.

Las hostilidades de la guerra entre Ucrania y Rusia agrega una mayor incertidumbre sobre el futuro económico global, con especial reflejo sobre las economías en desarrollo, creando distorsiones más pronunciadas en los precios de los productos importados y dejando sentir importantes preocupaciones, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, en los países dependientes de la importación de hidrocarburos, sobre todo por la reducción en la oferta mundial de petróleo.

Inflación por encima del rango meta 
La mayoría de los países de América Latina exhiben tasas de inflación por encima de los niveles centrales de sus rangos meta (rondan entre 3.0% y 4.5% interanual). 

En República Dominicana la tasa interanual de inflación al mes de marzo se ubicó en 9.05% , según las cifras del Consejo Monetario Centroamericano, una tasa que duplica el rango meta de 4% +/- 1% establecido por las autoridades.

Los grupos de mayor incidencia en la inflación de los primeros tres meses del 2022 son: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (30.6%), Transporte (23.2%) y Vivienda (13.5%). 

En Estados Unidos EE.UU. registró una inflación interanual de 8.5%, superando en cuatro veces la meta promedio del 2.0% de la Reserva Federal a largo plazo, al igual que las economías de la Zona Euro cuya inflación en las más alta desde la salida al mercado del euro.

Estabilidad económica
A pesar del impacto de la pandemia en las finanzas públicas y de los nuevos desafíos que ha impuesto la guerra entre Ucrania y Rusia, la economía dominicana sigue mostrando su resiliencia y buenas perspectivas de crecimiento apuntando hacia un 5.0% para el 2022.

Según datos oficiales, el año pasado la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo registró niveles históricos (22.1%), cifra más alta en los últimos 13 años, y esto explicó el 49% del crecimiento registrado el pasado año. 

El sector tabaco, el sector construcción, Zonas Francas, Industrias y manufactura han liderado la recuperación económica, mostrando cifras récords en sus respectivos renglones.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que marzo  2022 ha sido el mes de mayor cantidad de proyectos de inversión pública aprobados en el último lustro, ascendiendo a 34 proyectos que representan RD$39,374.3 millones. 

Políticas públicas 
Ante los actuales desafíos que enfrenta la región, las recomendaciones de los organismos internacionales apuntan hacia la adopción de políticas públicas que apunten a disminuir el impacto de las alzas de los comodities en los mercados globales y proveer mayor asistencia, mediante subsidios focalizados, a la población más vulnerable.

La más alta inflación en 15 años.
Según expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en las principales economías de América Latina es la más alta en 15 años, después de haber sufrido dos impactos: la pandemia y la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Indican que la inflación se aceleró en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en 2021 debido inicialmente al aumento de los precios de los alimentos y la energía, la política monetaria y el ajuste de los salarios, así como la recuperación de la demanda luego de la pandemia. 

Los expertos del FMI señalaron como algo preocupante en la región el estragos que causa la inflación en los hogares de bajos ingresos, en un región con altos niveles de desigualdad.


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